Todos envejecemos. Es una realidad.
Trabajar por un país en el que todas las personas, independiente de su contexto particular, podamos envejecer con dignidad, calidad de vida y bienestar, es trabajar por el futuro de todos quienes habitan en Chile. Porque, querámoslo o no, todos estamos envejeciendo día a día.
La consulta realizada por Voces Mayores, instancia que reúne a más de 50 organizaciones que trabajan con y para las personas mayores, en la que participaron más de 9 mil personas de todas las edades (entre los 16 y 100 años) y cuyos resultados se dieron a conocer recientemente en un conversatorio en el que participaron 4 convencionales constituyentes (todos mayores de 60 años) deja de manifiesto que la vejez es una etapa de la vida que las personas enfrentan con diversas preocupaciones siendo las más importantes el no contar con recursos económicos, el depender de otras personas y el no contar con una red de apoyo en caso de necesidad.
En general, las preocupaciones sobre la actual o futura vejez, pueden agruparse en cuatro grandes categorías: preocupaciones económicas, preocupaciones asociadas a la dependencia (y los correspondientes cuidados), preocupaciones asociadas a la seguridad (no sufrir violencia ni malos tratos) y preocupaciones asociadas a la soledad.
En el marco del proceso constituyente, las personas también respondieron preguntas sobre los 27 derechos relacionados con la vejez y el envejecimiento, estipulados en la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las Personas Mayores, que fue ratificada por Chile en 2017. Se les preguntó cuáles de estos derechos consideran que no estarían siendo garantizados en el país y cuáles son los aquellos que la Nueva Constitución debiera resguardar.
Hubo coincidencia entre la percepción de derechos no garantizados y cuáles debería proteger la Nueva Constitución: derecho a la salud, a la vida y a la dignidad, a la seguridad y a una vida sin violencia, a recibir cuidados de largo plazo en caso de dependencia, a la igualdad y no discriminación, y a la seguridad social.
El derecho a la salud es señalado en primera prioridad de manera transversal en todas las categorías: edad, nivel socioeconómico y género. De acuerdo con el texto de la Convención, los Estados Parte deben diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud que apunten no sólo al tratamiento, atención y prevención de enfermedades, sino también a la promoción de la salud, fomentando un envejecimiento activo y saludable. De especial preocupación son los cuidados de largo plazo en caso de dependencia, especialmente en el segmento de 40 a 59 años y para las mujeres, que son quienes suelen asumir esta tarea que se suma a la labor de cuidado que ejercen sobre su propia familia y estando, a menudo, activas en el mercado laboral.
Asimismo, la demanda por el derecho a la vida y a la dignidad se asocia con la necesidad de que los Estados Parte tomen medidas para el acceso no discriminatorio a cuidados integrales de salud, incluidos los cuidados paliativos, el manejo del dolor y el abordaje psicológico tanto a la persona mayor como a sus familias.
Es alarmante la percepción negativa que tienen las personas más jóvenes, quienes mencionaron más preocupaciones y más derechos como no garantizados para la vejez. Esto puede ser explicado por la mala imagen que se transmite sobre esta etapa de la vida, generando temor y ansiedad por el futuro. Además, los más jóvenes le dan más importancia relativa a los derechos que garantizan salud, vivienda, trabajo y educación, lo que podría revelar el impacto que los movimientos sociales surgidos en el país en los últimos años han tenido en las personas de menor edad.
Asimismo, cabe resaltar que entre las personas mayores, en comparación con otros grupos etarios, fueron más mencionadas las preocupaciones por problemas de seguridad ciudadana, demandando mayor atención a este tema en la Nueva Constitución. También fue más explícito entre los grupos socioeconómicos más vulnerables. Este tema es importante porque la percepción de inseguridad puede estar mermando las posibilidades de las personas mayores de salir de casa y, por ende, su calidad de vida.
Lo anterior se asocia con la alta preocupación por la falta de redes de apoyo y la soledad en la vejez. En este sentido, la Nueva Constitución debiera también asegurar el derecho a la participación e integración social, lo que incluye también el acceso a las tecnologías de información y comunicación.
Por otra parte, esta consulta releva la necesidad de considerar y tratar a las personas mayores como sujetos de derecho y no solamente como sujetos de protección o asistencialismo. Si bien existen múltiples escenarios adversos durante esta etapa de la vida que dificultan el pleno ejercicio de los derechos y, por lo mismo, facilitan su vulneración, el nuevo texto constitucional debiera incluir explícitamente a las personas mayores para asegurar la no discriminación.
Sin embargo, la Constitución no es todo. Las personas no podremos vivir nuestra vejez en plenitud, con dignidad, calidad de vida y bienestar si cada uno de nosotros no hace el esfuerzo para cambiar la percepción respecto de la vejez y del envejecimiento. Si como sociedad lográramos concebir la vejez como una etapa en la que pese a las dificultades hay garantías, oportunidades de desarrollo en diversos ámbitos, inclusión y participación efectiva, entonces podremos decir que Chile es un país en el que todas las edades tienen cabida.
María Soledad Herrera Ponce Profesora Titular UC; Directora Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento CEVE-UC y miembro de Voces Mayores.
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